Los datos reales sobre desahucios de viviendas habituales siempre han sido una preocupación para movimientos y colectivos que trabajan en defensa del derecho a una vivienda digna. Ahora, con la crisis y el estallido de la problemática hipotecaria, los datos han pasado a interesar a otros actores sociales, empezando por los me- dios de comunicación. Pero a pesar de las reiteradas peticiones a distintas administraciones, todavía resulta difícil acceder a una información que, sin embargo, resulta de capital importancia para realizar un buen análisis de las políticas de vivienda y, en general, de las políticas sociales. En efecto, ¿cómo podemos valorar, por ejemplo, si las ayudas distintas al pago del alquiler o la creación de nuevas viviendas públicas son suficientes si no sabemos cuántos hogares se han perdido durante un cierto período?
The current data on evictions of primary residences has always been a concern for movements and collectives working in defense of the right to a dignified home. Now, with the crisis and onset of issues related to mortgage, these statistics start to be interesting for other social actors, starting with the media. Despite repeated requests to various administrative authorities, it remains difficult to access information that is of essential importance for carrying out a good analysis of housing policies and, in general, social politices. How can we assess, for example, whether specific assistance for payment of rent or the creating of new public housing is sufficient enough if we don't know how many homes were lost during a certain period?
Los datos oficiales
Aunque insuficientes y demasiado genéricos, los únicos datos oficiales de los que disponemos actualmente son los del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según estos, recogidos a partir de los procedimientos que se resuelven en los juzgados, hacemos aquí un resumen de los datos más relevantes y unas conclusiones interpretativas.
Official statistics
Athough insufficient and too generic, the only official currently available data comes from the General Council of the Judiciary (GCJ). Based on these statistics, gathered from proceedings resolved in the courts, we have a summary of the most relevant data and interpretive conclusions.
Ejecuciones hipotecarias
Los procedimientos de ejecución hipotecaria son aquellos que utilizan los acreedores (habitualmente, las entidades financieras) para reclamar el pago de un préstamo impagado con garantía hipotecaria. Lo que prevé este tipo de procedimiento es la subasta del bien inmueble que ha actuado como garantía del préstamo. Fruto de esta subasta, surgirá un nuevo propietario que podrá iniciar, si así lo desea, un procedimiento judicial para desalojar a los anteriores propietarios.
Foreclosures
Foreclosure proceedings are those used by creditors (usually financial institutions) to demand payment of an unpaid mortgage loan. What provides for this type of procedure is auctioning off the property, which acts as a loan guarantee. As a result of this auction, it may emerge that the new owner initiates, if desired, a court proceeding to evict the former owners.
According GCJ data, between 2007 and 2011, there were 349,438 foreclosures across the country, led by Andalucia (68,053), Catalonia (65,670) and Valencia (65,220).
Lanzamientos o desalojos por orden judicial
Estos datos expresan las órdenes judiciales para sacar a los ocupantes de una vivienda, si es necesario utilizando la fuerza pública, para restituir la posesión a quien legalmente consta como propietario del inmueble. En su origen puede producirse tanto un procedimiento civil por impago del alquiler como una ejecución hipotecaria.
Expulsions and Court-ordered Evictions
These figures show court orders to remove occupants from a home, using force if necessary, to restore possession to whoever is legally listed as owner of the property. This may occur for both non-payment of rent and mortgage foreclosure.
Conclusiones provisionales a partir de los datos oficiales
Tentative conclusions from official data
A. De los datos disponibles, podemos destacar:
El aumento desmesurado de las ejecuciones hipotecarias desde el estallido de la crisis, en 2007. Destacan especialmente las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana, con un número de ejecuciones muy superior a la media. La disminución de ejecuciones iniciadas en 2011 respecto a 2010 no significa que el problema de las ejecuciones se esté resolviendo en España, como algunos medios parecen sugerir.
Un total de 77.864 ejecuciones en 2011 son una barbaridad y triplican las que se producían en 2007: 25.943. Estamos lejos de ver resuelto el problema de las ejecuciones, y desgraciadamente podemos afirmar que en 2012 mantendremos cifras escalofriantes.
A. From available data we can highlight that:
A disproportionate increase in foreclosures occurred since the outbreak of the crisis in 2007. Particularly noteworthy are the regions of Andalusia, Catalonia and Valencia, with a number of foreclosures well above average. The decrease in foreclosures beginning in 2011 compared to 2010 does not mean , as some media suggest, that the foreclosure problem was resolved in Spain. An outrageous total of 77 865 foreclosures occurred in 2011, triple to the 25, 943 that took place in 2007. We are far from resolving the mortgage foreclosure problem and, unfortunately, that in 2012 we will continue with these frightening figures.
La media diaria de ejecuciones iniciadas, con los datos disponibles de 2011, es de 213 en el Estado.
The daily average of initiated foreclosures, using available data from 2011, is 213 throughout the country.
El aumento significativo de las órdenes judiciales de desalojo (lanzamientos) en los últimos años: 166.716 en todo el Estado desde 2008. Madrid es la provincia más afectada (27.479), seguida por Barcelona (20.117) y Valencia (19.468).
The significant increase in court orders evictions since 2008 is 166 716 in the entire country. Madrid is the province most affected (27,479), followed by Barcelona (20,117) and Valencia (19,468).
La media diaria de desahucios con los datos disponibles de 2011 es de 159 en el Estado.
The daily average of evictions, using available date from 2011, is 159 throughout the country.
B. Principales problemas o insuficiencias que plantean estos datos:
B. Major problems or deficiencies arising from this data:
Solo se dan cifras por comunidades autónomas y provincias, nunca se espicifican por municipios ni por barrios.
Tratan por igual los desahucios y las ejecuciones de locales comerciales y las viviendas, a pesar de que sabemos que la gran mayoría responden a viviendas habituales. Tampoco distinguen viviendas habituales de segundas o terceras residencias.
Figures are only given for regions or provinces, but never specific municipalities or neighborhoods.
These figures treat all evictions and foreclosures, commercial locals and houses, equally, even though we know that most of them relate to habitual residences. They also do not distinguish between primary residences and second or third homes.
No nos dicen nada sobre el resultado final de estos desahucios y estas ejecuciones (si afecta a una familia o a una única persona, si hay menores o personas mayores por medio, si existe alguna propuesta de realojamiento por parte de los servicios sociales, etcétera). En el caso de las ejecuciones, tampoco reflejan si, además de la pérdida de la propiedad y la posesión, la subasta del inmueble ha quedado, o no, desierta y, en consecuencia, si al expropietario le queda una deuda; tampoco se especifica cuál el importe medio de estas deudas resultantes tras las subastas.
They don't tell us anything about the final results of these evictions and foreclosures (if this affects a family or single person, if there are children or elderly people involves, in any social services proposed at relocation, etc). In the case of foreclosues, they also do not reflect on whether, besides the loss of property and possession, the property was auctioned off, if the former owner was let with a debt, nor do these figures specify the average amount of outstanding debt after the auction.
No resuelven la confusión que se da entre ejecuciones hipotecarias y desahucios. Una ejecución es un procedimiento que implica distintas consecuencias para las personas afectadas: la pérdida de la propiedad de la vivienda que servía de garantía del préstamo, el mantenimiento de buena parte de la deuda en caso de que la subasta del inmueble quede desierta, y la pérdida de la posesión del inmueble. Así, una ejecución no se reduce a un desahucio, pero acaba siempre (normalmente después de un procedimiento que puede durar uno o dos años) con un desahucio. Pero la mayoría de estos desahucios no quedan recogidos en las estadísticas de lanzamientos por orden judicial, ya que casi en todos los casos las personas afectadas, especialmente si tienen hijos menores de edad, prefieren «autodesalojarse» para no tener que sufrir la violencia que significa la intervención policial.
They don't resolve the confusion between foreclosures and evictions. A foreclosure is a procedure that implies different consequences for those affected: the loss of the home that served as collateral for the loan, maintaining much of the debt in the event that of the auction of the property was unsuccessful and the loss of possession of the property. Thus, a foreclosure is not as simple as an eviction, but usually ends (usually after a procedure that can last one or two years) with an eviction. Most of the evictions, however, are not present in these statistics of evictions by court order. In many cases, people, especially those with young children, prefer to "auto-evict" themselves to avoid having the suffer any violence through police intervention.
C. A partir de las insuficiencias de los datos,podemos apuntar:
Saber dónde acaban las personas afectadas por desahucios y ejecuciones tendría que ser una prioridad de toda Administración (estatal, autonómica y local), con el fin de poder diseñar medidas y políticas adecuadas.
C. Apart from the insufficiencies of the data, we can note:
It should be a priority of any administration (state, regional, local) to know exactly where evictions are foreclosures are taking place, in order to design adecuate measures and policies.
A pesar de que las leyes que regulan los desahucios y la ejecuciones son de ámbito estatal, la magnitud de la problemática y sus efectos locales obligan a las administraciones autonómica y local a no abstenerse de intervenir. Esta implicación puede ir desde emprender acciones para mejorar los datos disponibles hasta el compromiso activo, impulsando medidas que detengan los desahucios antes de producirse o, en caso de no llegar a tiempo, garantizar un realojo digno a las personas afectadas.
Although laws regulating evictions and foreclosures are at state level, the magnitude of the problem and its affects on a local level, obliges local and regional administrations to also intervene. This involvement can range from taking action to improve available data to promoting measures to stop evictions before they occur or, in the case of not arriving on time, to guarantee decent rehousing for those affected.
Otros datos de interés
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