Desde el principio, una de las cosas que más sorprendieron a los impulsores de la PAH fue descubrir la profunda ignorancia que la Administración tenía de la problemática. No solo no había informado ni avisado a la población de los riesgos de sobreendeu- darse, sino que ella misma desconocía la magnitud de la deuda familiar y no había previsto en absoluto el estallido de la burbuja ni los graves efectos que conllevaría en los hogares, y todavía menos la aplicación de una ley feudal que dejaría a miles de familias no solo sin casa, sino con una condena financiera de por vida. A partir de febrero de 2009, y en numerosas ocasiones, la PAH ilustró y formó a una Administración boquiabierta, primero incrédula y después asustada al descubrir el abismo que ella misma había propiciado.
From the beginning, one of the things that most surprised the founders of the PAH was discovering the profound ignorance shown by the administration about the problem. It was not that they simply hadn't informed the general public of the risks of over-borrowing, but that they themselves were not even aware of the extent of household debt nor had planned for the housing-bubble burst and the serious effects it would have on homes throughout the country. Even less so were they aware of an archaic feudal law that would leave thousands of families not only without a home but stuck with a lifetime of financial condemnation. From February 2009, and on many occasions, the PAH showed an adminstration left speechless, first incredulous and then scared speechless when discovering the abyss that they had guided themselves into.
Al principio de la crisis, cuando las personas afectadas empezaron a dirigirse a la Administración en busca de auxilio, se en- contraron con escasas ayudas económicas que no servían ni para amortiguar el golpe. La principal demanda de los usuarios de servicios sociales se relaciona con la vivienda, pero la Administración no tiene, como ya hemos visto, un parque de alquiler su- ficiente donde realojar a todas las personas demandantes. El re- sultado es que durante los dos primeros años de crisis la Administración se limitó a: 1) Ofrecer ayudas que no resolvían el principal problema de las familias afectadas (ayudas para la co- mida, para la escuela de los niños, etcétera); 2) restringir los criterios de adjudicación de los pisos de emergencia, dado que cre- cía la demanda sin que aumentara el parque público disponible; y 3) en la práctica, medicalizar una problemática estrictamente económica, derivando al CAP a miles de personas afectadas por el empobrecimiento súbito y el estrés generado por el procedi- miento hipotecario, con síntomas de ansiedad, depresión y otros trastornos similares.
During the beginning of the crisis, people affected by the situation began to turn to the adminstration for help. They encountered very little economic aid nor any means for softening the blow. The main demand by users of social services was related to housing, but the government adminstration didn't have, as we have already seen, sufficient public housing to meet up with demand. The result was that during the first two years of the crisis the administration limited itself to: 1) Offering aid that didn't solve the main problem of those affected by the crisis (assistance for food, school, etc); 2) Restricting criteria for allocating emergency housing, without increasing the availability of public housing; and 3) in practice, medicalize a strictly economic problem, leading thousands of people affected by sudden impoverishment and stress created by the mortgage process to seek medical help to alleviate symptoms of anxiety, depression and other similar disorders.
En el ámbito estatal, en marzo de 2009, finalmente se aprobó una medida que, al menos en los titulares, estaba pensada para dar respuesta a las personas en paro que no podían hacer frente al pago de las cuotas hipotecarias. Se trataba de la moratoria ICO, presentada por la entonces ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, como la solución para las dificultades hipotecarias. Resumiendo, la moratoria se limitaba a incentivar un aplazamiento de parte de las cuotas solo en aquellas hipotecas que no superaran los 170.000 euros (dejando fuera a la mayor parte de hipotecas en las grandes ciudades) y para personas en paro pero que no hubieran dejado de pagar ni una sola cuota. En estos casos limitados, el ICO operaba como garantía para que en el plazo máximo de dos años se pudiera aplazar el pago del 50 % de las cuotas con un límite de 500 euros mensuales. Ahora bien, pasados los dos años la persona tenía que pagar el aplazamiento de manera prorrateada y con intereses, de manera que la cuota mensual aumentaba casi un 30 %. La intervención estatal se limitaba a avalar, ante la entidad financiera, el pago de este aplazamiento en caso de que la persona afectada no tuviera la capacidad de pago una vez transcurridos los dos años. Una medida pensada más para dar garantías a las entidades, que para ayudar a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, para las cuales la carga financiera global aumentaba unos 3.500 euros tras la aplicación de la moratoria. La prueba es el fracaso total de la iniciativa: de los 6.000 millones reservados por el ICO para esta partida no se movilizó ni el 1,2 %. Unas 15.000 operaciones, frente a las 200.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas durante el mismo período.
In March 2009, a measure was finally approved at the state level that, at least in headlines, was aimed at responding to the unemployed who could not afford to pay their mortgage payments. This was the ICO Mortgage Moratorium agreement, submitted by the then Minister for Housing, Beatriz Corredor, as a solution for mortgage difficulties. In short, the moratorium was limited to provide incentives for putting a delay on a portion of the fees and only for mortgages not exceeding 170,000 euros (thus leaving out a majority of the mortgages in major cities) and for unemployed people that hadn't missed a single mortgage payment. In these limited cases, the ICO operated as a guarantee that for a maximum of two years one could defer 50% of the monthly payments with a limit of 500 euros a month. After two years, however, the person had to pay back the deferred amount pro rata and with interest such that the monthly installments increased by almost 30%. In the event that the person concerned could not pay after the two years, the State guaranteed payment of the deferral to the financial institution. This was a measure designed to provide more guarantees to the banks than to help people in vulnerable situations, for those whose overall financial burden increased approximately 3,500 euros after the implementation of the moratorium. The proof is in the total failure of the initiative: of the 6,000 million reserved for the ICO only 1.2% was used or about 15,000 operations compared to over 200,000 foreclosures iniciated during that time.
En abril de 2009, la PAH aprovechó una visita de la ministra Corredor a la ciudad de Barcelona para forzar un encuentro y exponer la gravedad de la situación. La ministra se limitó a decir que no era para tanto y que la moratoria ICO, junto con los servicios sociales, suponían una buena solución. La ministra, de profesión registradora de la propiedad, demostraba así su escaso conocimiento de la realidad de centenares de miles de familias españolas.
In April 2009, the PAH took advantage of the Minister Corredor's visit to Barcelona by forcing a meeting to explain the seriousness of the situation. The Minister would only say that this was not so and that the ICO Mortgage Moratorium, together with social services, was a good solution. The Minister, housing registrar by profession, demonstrated her complete disconnection with the reality of hundreds of thousands fo Spanish families.
Pero la acción constante de la PAH hizo que finalmente la propuesta de mínimos para regular la dación en pago, elaborada con la colaboración del Observatorio DESC, llegara finalmente al Congreso. El 16 de junio de 2010, el grupo mixto (ERC-ICV- IU) presentó a la Comisión de Vivienda del Congreso una proposición no de ley de modificación de la Ley del Enjuiciamiento Civil (LEC) con la finalidad de introducir la dación en pago como un derecho de las personas más vulnerables, aquellas que, contra su voluntad, no pueden hacer frente al pago de la hipoteca. A partir de aquí, en los meses sucesivos, la propuesta se volvió a presentar hasta cuatro veces en el Congreso, con un resultado parecido: ERC-ICV-IU le dieron apoyo, PP y PSOE se opusie- ron y CiU cambió de opinión según soplaba el viento.
Through constant action made by the PAH, in collaboration with Observatorio DESC, the proposal to lay down minimum requirements to regulate dación en pago finally made it to Congress. On June 16, 2010, the joint working group (ERC-ICV-IU) presented an amendment to the Civil Procedure Act (LEC) to the Congressional Commission on Housing in order to introduce dación en pago as a right to the people most in need, those who, against their own will, could not cope with their mortgage payments. From that point, in the following months, the proposal was resubmitted four times in Congress, with similar results: ERC-ICV-IU supported it, both the Popular and Socialist Parties opposed it and the Convergència i Unió (CiU) changed its opinion depending on whichever direction the wind blew.
En julio de 2011 la PAH compareció ante una comisión creada expresamente por el Congreso de los Diputados para estudiar posibles modificaciones de la normativa en materia hipotecaria, una comisión que se creó ante la necesidad de dar algún tipo de respuesta a la creciente presión social de la calle. Desde el principio, la PAH tuvo la sospecha de que esta comisión se había concebido como un dispositivo dilatorio. De hecho, sus tempos parecían calculados para no terminar el trabajo antes de las elecciones de noviembre de 2011. Por los pasillos de las Cortes circula un chiste que dice que la mejor manera de esquivar una reforma política que no interesa abordar es crear una comisión de estudio parlamentaria. Efectivamente, las elecciones generales llegaron sin que la Comisión finalizara la ronda de comparecencias y sin extraer ninguna conclusión. Aun así, la PAH había comparecido el 13 de julio para exponer las propuestas y los argumentos que se encuentran recogidos en este libro. También pudimos constatar el gran desconocimiento que reinaba en materia hipotecaria, cosa que nos sorprendió teniendo en cuenta que nos encontrábamos ante una comisión específica que trataba regularmente temas de vivienda. Entre los argumentos que se oponían a la dación en pago se encontraban, en el mejor de los casos, reproducciones simples de las tesis sostenidas por la patronal bancaria. En el peor de los casos, argumentos demagógicos sin el más mínimo rigor. Entre estos últimos, el diputado de CiU y presidente de la comisión mixta, Pere Macias, llegó a decir que en caso de aprobarse la medida se encarecerían las hipotecas de ciudadanos que, en ese momento, ya estaban haciendo un inmenso esfuerzo por pagar sus hipotecas. Una auténtica barbaridad, dado que las cuotas mensuales de aquellas hipotecas que ya están firmadas dependen del Euríbor y de un diferencial que ya está pactado y fijado en el contrato hipotecario. Aprobar la dación en pago nunca encarecerá las hipotecas ya suscritas. El PP y el PSOE aprovecharon para echar balones fuera. Cuando se les recordó que la dación en pago era una medida con un incuestionable apoyo social y aprobarla era poner en práctica la democracia, estos dos partidos hicieron constar que sobre sus espaldas también cargaban con millones de votos. Cuando la PAH les recordó que un país que se permite doscientos desahucios al día está más cerca de ser un Estado fallido que un Estado de Derecho, tuvieron la impertinencia de interrumpir la exposición.
In July 2011 the PAH appeared before a commission created by the House of Representatives to study possible modifications to rules in mortgage matters, a commision created from the need to give some kind of response to the growing social pressure coming from the street. From the very beginning, the PAH suspected that this commission had been conceived as a delaying device. In fact, it's pacing seemed timed to not finish the job before the November 2011 elections. The joke circulating throughout Parliament was that the best way to dodge political reform that did not want to be addressed was by creating a parliamentary commission study. Indeed, the general election arrived without the commission ending the round of hearings nor drawing any conclusion. Still, the PAH appeared on the 13th of July to present proposals and arguments collected together in this book. We also observed first hand the huge ignorance that reigned over mortgage matters, which surprised us considering that we met with a commission that specifically dealt with housing issues. Within the arguments by those who opposed dación en pago we found, in majority of the cases, simple reproductions of theses held by bank employers. In the worst cases, demagogic arguments without the slightest rigor. Among the latter, the CiU deputy and president of the joint commission, Pere Macias, even said that if these modifications were approved, mortgages would be become more expensive for those who, at that time, were making a huge effort to pay their mortgages. This was a complete outrage as existing mortgage rates depended on Euribor and a differential that is already agreed upon and fixed within the mortgage contract. Approval of dación en pago would never make already signed mortgages more expensive. Both the Popular and Socialist Parties used this to avoid the issue. When they were reminded that dación en pago was a measure with unquestionable social support and to approve was to put democracy in practice, these two parties also made it clear that they were also carrying the responsibility of millions of votes. When the PAH reminded them that a country that permited two hundred evictions a day was closer to being a failed State than a righteous State, they had the nerve to interrupt this display.
Al finalizar la comparecencia había una cosa que nos preocupaba más que la propia dación en pago: ¿en manos de quién hemos dejado la toma de decisiones políticas que afectan a todo un país?
At the end of the hearing there was one thing that worried us the most concerning dación en pago: in whose hands had we left all the political decisions which affected the entire country?
El mismo julio de 2011, ante el aumento de críticas por la inacción del Gobierno central, este aumentó, mediante decreto y solo para las deudas fruto de una ejecución hipotecaria, el sueldo inembargable de 700 a 962 euros, y también el mínimo por el cual una entidad financiera puede adjudicarse un inmueble en subasta desierta, pasando del 50 al 60 %. Unas medidas ridículas que no varían la situación de miles de personas afectadas, ya que seguirán embargadas de por vida, en la calle y sin ningún realojo garantizado. Será la gran aportación del Gobierno «socialista» antes de su apabullante derrota en las elecciones de finales de 2011.
During that same July 2011, the central government, faced with mounting criticism for inaction, increased by decree and only for debts resulting from foreclosure, salary immune from seizure from 700 to 962 euros and also the minimum by which a financial institution could claim for a deserted property put up for auction, going from 50 to 60% of the appraisal price. These were ridiculous measure that did nothing to alter the situation of thousands of people affected by the situation and that would be foreclosed for life, on the street and without any guarantee of relocation. This would be the great contribution by the "socialist" government before its crushing defeat in the late 2011 elections.
En marzo de 2012, el Gobierno del Partido Popular aprobó un decreto ley que incluía un «código de buenas prácticas» para las entidades financieras con la finalidad de «minimizar» el impacto de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios y que, para determinados casos, abriría una puerta a la dación en pago. Pero más allá de los titulares sensacionalistas, los detalles de la medida provocaron una gran decepción entre las personas afectadas. En primer lugar, porque el código de buenas prácticas será voluntario para las entidades y, por tanto, generará discriminación: familias iguales, en condiciones económicas idénticas, en función de si su entidad ha firmado, o no, el código, podrán acogerse, o no, a las medidas. En segundo lugar, porque los criterios son demasiado restrictivos (vivienda única y habitual, todos los miembros en paro, hipotecas de un máximo de 120.000 euros en pueblos y de 200.000 euros en grandes ciudades). Además, en el caso de aquellos contratos hipotecarios que cuenten con avales, las personas avaladoras no podrán tener ninguna propiedad a su nombre ni percibir ningún ingreso. De este modo, se excluye a más de un noventa por ciento de la gente afectada. Y en tercer lugar, porque no incorpora la retroactividad, y por tanto excluye a los centenares de miles de familias que ya han sufrido una ejecución y han quedado endeudadas de por vida. Es decir, la posición gubernamental se mantiene en el terreno de las recomendaciones y descarta la retroactividad, evitando cualquier conflicto con la banca, a la que incluso se le ofrecen nuevos incentivos fiscales por firmar el código. Parece que la propuesta va más encaminada a intentar acallar las protestas sociales que a resolver el problema, justo en el momento en que estaba a punto de empezar la recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular. En realidad esta medida más que beneficiar, ha perjudicado a los afectados, ya que daciones que la PAH estaba negociando y tenía pendientes de resolución se han frustrado porque las familias no cumplen con los requisitos exigidos en el código. De alguna manera, las entidades bancarias han encontrado la coartada perfecta para negar daciones que, fruto de la presión de la PAH, se estaban consiguiendo.
In March 2012, the Popular Party government approved a degree law that included a "code of good practice" for financial institutions in order to "minimize" the impact of foreclosures and evictions that, for certain cases, would open the door to dación en pago. But beyond the sensational headlines, the details of the measure caused great disappointment among those affected. In the first place, because the code of good practice is voluntary for financial institutions and therefore generates discrimination: similar families in identical economic situations, may or may not qualify for the measures, based on where the financial institution has signed the "code of good practice" or not. Secondly, because the criteria are too restrictive (primary, regular residence, everybody in the household unemployed, maximum mortgage of 120,000 euros in towns and 200,000 in large cities). Furthermore, in the cases where guarantors are included in the mortage contracts, these guarantors cannot have any property in their name nor be receiving any income. In this manner, this code excludes more than ninety percent of those affected. Thirdly, because it is not retroactive, it excludes hundreds of thousands of families who have already suffered a foreclosure and are therefore indebted for life. The goverment position stays within the realm of recommendations and rules out any retroactivity, therefore avoiding any conflicts with the banks, to the point of offereing them new tax incentives for signing the code. It appears that this proposal is a strategy for silencing the social protest at the point were signatures are being collected for the Popular Legislative Initiative (ILP). In reality this measure, rather than benefit has harmed those affected, as the dación en pagos that the PAH is negotiating and is pending resolution have been thwarted because families don't meet the requirements of the "code of good practice". In this way, the banks found a perfect excuse for denying dación en pagos that, through pressure by the PAH, were being achieved.
En el ámbito autonómico, destaca el posicionamiento y la adopción de medidas en Cataluña. No por casualidad, ya que es una de las comunidades más afectadas y donde precisamente nació la PAH en febrero de 2009 y, por tanto, la comunidad autónoma donde de forma notable se produce más presión social. En junio de 2009, el Observatorio DESC organizó en Barcelona unas jornadas bajo el lema «Ejecuciones hipotecarias y derecho a la vivienda: estrategias jurídicas para hacer frente a la insolvencia familiar», que llenaron la sala de actos del Colegio de Abogados. También participó el Departamento de Vivienda de la Generalitat de Cataluña, que empezaba a darse cuenta de las dimensiones del problema.
Durante ese mismo año, la responsable técnica de Vivienda del Gobierno tripartito, Carme Trilla, comenzó un intento de negociación con la Federación Catalana de las Cajas de Ahorro para firmar un convenio en el que estas se comprometieran a llevar a cabo la dación en los casos de vivienda habitual y necesidad económica acreditada. Además, también les propuso que, aparte de la dación, permitieran que los antiguos propietarios se quedaran en las viviendas en régimen de alquiler asequible. A cambio, la Generalitat se comprometía a garantizar el pago de estos al- quileres con avales y ayudas económicas y, para aquellas entidades que no pudieran asumir la gestión de los alquileres, se ofrecía a hacerlo ella misma. Después de un año de conversaciones, las cajas decidieron que no estaban interesadas y dieron por zanjadas las negociaciones. Ha pasado un año y la Generalitat no tiene ningún mecanismo para abordar las ejecuciones hipotecarias, cada vez más masivas, a excepción de unas ayudas económicas que se demuestran del todo inútiles.
During the same year, Carme Trilla, the person technically responsible for Housing of the tripartite Government, began negotiating with the Catalan Federation Savings Bank to sign an agreement in which they were committed to carry out dación en pago in cases of primary residences and proven financial need. In addition, apart from dación en pago, she proposed to allow allow former owners to stay in their homes within a system of affordable rent. In exchange the government insured the payment of these rents with endorsements and economic aid and, for those financial institutions that could not assume the general management of rents, offered to do it itself. After a year of conversations, the savings banks decided that they were not interested and closed the negotiations. A year had passed and the government had not a single mechanism for dealing with foreclosures, increasingly massive, with the exception of economic aid which was shown to be totally useless.
En enero de 2010, a raíz del convenio fracasado, la Generalitat aprovechó la interlocución que había conseguido con las centrales de las cajas y algunos bancos para impulsar un servicio de mediación llamado Ofideute, con la intención de «interceder por la familia con dificultades de pago ante la entidad financiera acreedora con la finalidad de renegociar un nuevo acuerdo para el retorno del préstamo hipotecario que haga viable el pago y el mantenimiento del hogar en la vivienda, o la resolución no onerosa del contrato», y con el objetivo principal de «evitar los desahucios provocados por la falta de pago de los préstamos hipotecarios». Pero este servicio de mediación, una vez más, se basaba única y exclusivamente en la buena voluntad que tuvieran, o no, las entidades. La Generalitat, igual que el resto de administraciones, pretende intervenir con acciones que en ningún caso gene- ren conflicto con las entidades financieras, y la cuadratura del círculo es imposible. El resultado de esta «mediación» es que solo se resuelven los casos que interesan a las entidades, sin que el criterio dependa de ningún dato objetivo en relación con las necesidades de las personas afectadas. Por ejemplo, la distinta política de morosidad de las diversas entidades hace que con Caixa Penedès sea imposible obtener una dación en pago, mientras que con La Caixa haya más posibilidades; así, los clientes de la primera, aunque reúnan las mismas características que los clientes de la segunda, lo tendrán imposible para conseguir una dación por más que intervenga Ofideute. Por tanto, la intervención final de la Administración catalana tiene un efecto discriminatorio que, por más que sea involuntario, resulta inaceptable. Se acaba consolidando la injusticia que hace que sean única y exclusivamente las entidades las que decidan qué vidas se hunden en la miseria y cuáles no; y con su discurso de la mediación, la Generalitat acaba dando más aire a las entidades, desviando la atención mediática y social de las medidas estructurales necesarias para abordar la problemática. La PAH ha derivado más de cien casos al servicio de Ofideute y ha constatado que la mayoría ha quedado sin resolver. Aún más: a mayor dificultad del caso (y, por tanto, mayor necesidad de ayuda e intervención), menos éxito en la mediación.
In January 2010, in the wake of the failed agreement, the government decided to take whatever dialogue and exchange had been achieved with the central savings banks and other banks to foster a mediation service called Ofideute, with the intention of "stepping in for a family with payment difficulties to the financial institution in order to renegotiate a new deal for paying back the mortgage loan in a way that is viable and allows one to stay within the home without an onerous handing of the contract", and with the main objective of "avoiding evictions caused by nonpayment of mortgage loans". But this mediation service, once again, was based on the good will, or not, of the financial institutions. The Government, like all over governmental bodies, tried to intervene using actions that under no circumstances would generate any conflict with financial institutions. The result of this "mediation" is that the banks only resolved the cases that they were interested in, without any criteria that depended on any objective fact of those affected. For example, the different policies concerning late payments between different institutions makes it impossible to obtain dación en pago from Caixa Penedès whereas with La Caixa there are more possibilities. Therefore customers from the first bank, though having the same characteristics as customers in the second find it impossible to get dación en pago even through an intervention by Ofideute. Therefore, a final intervention by the Catalan government has a discriminatory effect, however much is involuntary with unacceptable results. The only thing unique about Ofideute is that it consolidates the injustice whereas it is only the financial institutions that decide which lives sink into misery and which not. Within this discourse of mediation the government end up giving more air to the financial institutions, diverting media attention and the social structural measures needed for dealing with the problem. The PAH has led more than one hundred cases through Ofideute and found that most remain unresolved. Even more: the greater the case's difficulty (and therefore most in need of support and intervention), the less its mediation success.
En el ámbito parlamentario, ante la creciente sensibilización social, en junio de 2011, el Parlament de Cataluña convocó una comisión de trabajo, en el marco de la Comisión de Justicia, para intentar consensuar una propuesta conjunta sobre la reforma hipotecaria y trasladarla al Congreso de los Diputados. También en esta ocasión la PAH participó para reiterar lo mismo: menos comisiones y más democracia. Cuando la PAH ya se había extendido por todo el Estado, otros parlamentos autonómicos, así como defensores del pueblo, mostraron su preocupación ante el alud de ejecuciones y apoyaron las demandas de los afectados.
In June 2011, in front of growing social awarement, the Catalan Parliament convened a working committee, to try to agree on a joint proposal for mortgage reform and move it to the Congress of Deputies. On this occasion, the PAH participated by repeating their same message, less commisions and more democracy. When the PAH had already spread throughout the country, other regional parliaments, as well as ombudsmen, finally showed their concern in front of an avalanche of foreclosures and support for the demands of those affected.
Finalmente, a nivel local, con la campaña de mociones impulsada por la PAH a partir de diciembre de 2010 y ya explicada con anterioridad, los ayuntamientos empezaron a desarrollar un discurso propio y se posicionaron ante una problemática a la que no podían hacer frente con ninguna herramienta. Una vez más, el movimiento de las personas afectadas, sin recursos, subvenciones ni estructuras, es el que lidera no solo la visibilización y el diagnóstico de una problemática, sino también las propuestas y las formas de acción.
Finally, at the local level, with a campaign of motions fuelled by the PAH since December 2010, municipalities began to develop their own discourse and position themselves in front of a problem that cannot be stopped without the proper tools. Once again, a movement of people affected by mortgage, without resources, grants or support structures, is the leader in not only identifying and visualizing the problem, but also providing proposals and forms of action.
There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.
You should refresh this page.